En ambos casos, los partidos -PRI y Morena- no presentaron pruebas suficientes para acreditar la manipulación de los votos, sin embargo, el magistrado Javier Hernández destacó anomalías en las que incurrió la Secretaría Ejecutiva del OPLE, al sustanciar las quejas, tratando de obtener una confesión de la parte denunciada, violando el debido proceso.
La primera queja la presentó Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante el OPLE, en contra de Susana Guadalupe Ameca Parissi y otras personas, por el probable uso indebido de recursos públicos y violación a las reglas sobre difusión de publicidad o propaganda de los órganos de gobierno.
Del 21 al 24 de febrero el presidente del Concejo Municipal de Camarón de Tejeda, Uriel González Alarcón, dio inicio al programa Yo Amo Camarón, consistente en pinta de escuelas, entrega de despensas y material de construcción para beneficiar a la entonces aspirante a candidata a la presidencia municipal de dicho lugar, Susana Guadalupe Ameca Parissi, así como del actual candidato a la Gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez.
El 22 de febrero se llevó a cabo un evento político en el municipio de Camarón de Tejada, Veracruz, en el que estuvo presente el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, el cual tuvo como finalidad constatar que las escuelas estaban siendo pintadas con colores que identifican al PAN.
En el caso del Procedimiento Especial Sancionador 14 promovido por Morena, se denunció que los días 23 de enero y de febrero servidores públicos llevaron a cabo la entrega de cuartos dormitorios y despensas, en las comunidades de Rinconada y Pacho Nuevo, respectivamente, ambas localidades pertenecientes al Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
Y que el pasado 5 de febrero en el municipio de Isla, Veracruz, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en su calidad de diputada local realizó la entrega de aparatos para mejorar la vista de personas con debilidad visual.
El magistrado Javier Hernández, explicó que en ese caso el OPLE tenía que investigar las denuncias, pero en esta ocasión pidió que se descargaran pruebas antes de aceptar la queja.
“Al organismo se le hizo fácil requerir a los propios denunciados como probables responsables, información que en teoría sería constitutiva de una garantía de audiencia”, dijo y observó que esa medida vulnera el debido proceso.
“No es posible confeccionar pruebas en la etapa de investigación, mediante un requerimiento que está confeccionado de manera inquisidora y no se permite a los implicados hacer efectiva su garantía de audiencia”.
Explicó que no pueden justificar o presentar pruebas de descargo de un acto, cuando no saben de qué se les acusa.
"Se me hace arbitrario y excesivo realizar un requerimiento en vía de investigación, pero más que requerimiento es pretender obtener una confesión de manera anticipada, fuera de procedimiento y está fuera del debido proceso”.
Fuente: Diario Martinense
