Alma Celia San Martín, representante del Observatorio Estatal de Feminicidios y de Género en la entidad, dijo que, al impedirlo, se incurre en discriminación y son puestas en riesgo al orillarse a buscar métodos clandestinos para lograrlo, lo que pone en riesgo su salud y su vida, además impide que tomen decisiones sobre sus cuerpos.
Lo que es incluso señalado por organizaciones internacionales de salud y derechos humanos.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios mantiene la postura de exigir que sea respetada la decisión de las mujeres de acceder a los servicios de salud reproductiva para pedir la interrupción legal del embarazo.
Refirió que las mujeres con recursos económicos logran interrumpirlos porque tienen la posibilidad de viajar a la Ciudad de México, en donde el aborto ya está legalizado; de abril de 2007 a febrero de 2018 han acudido 190 mil 500 mujeres, de diferentes puntos del país a la Ciudad de México, para practicarse un aborto. De Veracruz, han logrado acudir a practicarlo 450 mujeres.
Señaló que las condiciones económicas en las que viven las mujeres indígenas impiden que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
De 2008 a 2015, las instituciones de salud a nivel estatal practicaron 761 mil 137 abortos y en el caso de Veracruz la media es de 45 por ciento. Las entidades federativas que concentran los números más altos de muertes por aborto son el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas y Jalisco.
Alma Celia San Martín también lamentó que a pesar de que está establecida la Norma 046 que obliga a los servicios de salud atender de manera integral a las víctimas de violencia sexual, para impedir un embarazo no deseado por la agresión, las mujeres aún no cuentan con condiciones para ser atendidas.
Fuente: Crónica de Veracruz
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