Los alcaldes de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, Agua Dulce, Sergio Lenin Guzmán Ricardez; Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo; Martínez de la Torre, José de la Torre Sánchez; Orizaba, Igor Fidel Rojí López; Papantla, Mariano Romero González; Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado; Tierra Blanca, Patricio Aguirre Solís y Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, firmaron desde el mes febrero el convenio de adhesión para el otorgamiento del subsidio.
En algunos casos como Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Tierra Blanca y Orizaba, el criterio de selección para estos recursos se basó en los altos índices de violencia; encabezan las listas estatales en cuanto a comisión de delitos de alto impacto, principalmente homicidios e incluso Coatzacoalcos, según datos del INEGI, es el segundo municipio a nivel nacional en el que la población percibe más inseguridad.
Por otra parte, municipios como el de San Andrés Tuxtla, el factor determinante fue el rendimiento de los elementos de la corporación policíaca.
De acuerdo con el convenio, es justamente Coatzacoalcos el que recibirá mayores fondos por un total de hasta 13 millones de pesos; el resto de las alcaldías, 10 millones en promedio del programa Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG).
Las cláusulas establecen que el Secretariado transfiera recursos presupuestarios federales del FORTASEG a los beneficiarios, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública.
Los recursos debe servir para orientar las acciones del personal policial, a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
Los beneficiarios deben remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado el Programa de Prevención del Delito de Tortura.
También desarrollar e implementar, en el ámbito de su competencia, medidas de prevención e investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Una de las situaciones de las cuales deben abstenerse es la de adquirir, para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, remarca el acuerdo.
Fuente: Informadores en Red
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