En ese sentido, dijo que no se vale la intimidación y mucho menos la negociación de la ley con miras políticas, por lo que exigió una investigación para deslindar responsabilidades.
Porque cuando se trate de niños “de asistencia social, no se puede tolerar ningún exceso y no es válida que el gobernador arremete directamente contra los ayuntamientos”.
Criticó la decisión del gobierno del estado de retirar la policía municipal de la ciudad de Minatitlàn “no se vale la coacción y este es el estilo de gobierno que la gente rechaza”.
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